NO HAY PEOR “PATRÓN” QUE AMLO; GOBIERNO DE LA 4T HA DESPEDIDO A 18 MIL TRABAJADORES

MÉXICO – Andrés Manuel López Obrador protege a todos los empleados de México, menos a los suyos. Su Gobierno ha aumentado el salario mínimo general, pero ha disminuido la percepción mínima de casi todos los funcionarios públicos.

Su Administración inauguró un tratado de libre comercio con Estados Unidos que sanciona a quienes violan la ley laboral mexicana. Sin embargo, el Gobierno federal se permite violar impunemente los derechos de sus trabajadores.

López Obrador trata a sus empleados, los funcionarios públicos federales, como si fueran parte de la élite perversa y abusiva contra la que él lucha. Clasifica a funcionarios que ganan sueldos de clase media como “privilegiados” y desconoce las conquistas laborales cuando provienen de empleados de confianza.

Su Gobierno se ha caracterizado por despedir trabajadores, recortarles el salario, aumentarles la carga de trabajo, quitarles prestaciones, e incluso solicitarles que compren boletos para la rifa del avión presidencial “voluntariamente” con su sueldo. Cualquier empresario que tratara así a su fuerza laboral podría ser sancionado por la ley.

No así López Obrador. Tal parece que en México la justicia laboral no existe cuando tu jefe es el Estado. Hay muchas formas en las que los trabajadores públicos están siendo precarizados. La más evidente son los salarios. López Obrador prometió solo bajar los suelos “de los de arriba para subir los de abajo”. Esto no fue así. De acuerdo con Diario Oficial de la Federación, de 2018 a 2020 se disminuyó el salario mínimo real del personal de investigación científica, seguridad pública y fuerzas armadas. Todos estos eran sueldos menores a 13.000 pesos.

Los más afectados han sido las fuerzas armadas que pasaron de ganar un sueldo mínimo mensual real de 7.000 pesos a solo ganar 6.763 pesos. El sueldo mínimo real del personal de seguridad pública también sufrió un descalabro, pasando de 10.000 a 9.700 pesos al mes. La caída en salarios se agrava por la cantidad de plazas laborales que han sido desaparecidas.

Con información del Presupuesto de Egresos de la Federación es posible identificar que de 2018 a 2020 se han perdido 18.247 plazas en la administración pública. Los ramos más afectados han sido Desarrollo Social con una pérdida del 67% se sus plazas, las Comisiones de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, que en conjunto han perdido el 22%, y Turismo donde el 11% de las plazas fueron eliminadas. Tan solo en estos cuatro ramos se han perdido 10.700 empleos en dos años. Los despidos más importantes han ocurrido en direcciones generales adjuntas.

En el último año, de acuerdo con la organización Signos Vitales, se eliminaron 1.340 direcciones generales adjuntas en el Gobierno federal, es decir un 67%. Entre las secretarías más afectadas se encuentra Hacienda y Gobernación, ambas con 637 direcciones adjuntas menos. El plan es que para 2021 no quede una sola.

A estas pérdidas laborales habría que agregar los recortes ocasionados por las medidas de austeridad, sobre todo la reducción de un 75% al gasto operativo. Muchos trabajadores públicos no estaban contratados con una plaza sino con gasto corriente. Es por ello que el recorte significó la salida inmediata de personal médico, científicos y burócratas en múltiples dependencias.

Más allá de las reducciones salariales y de personal, la calidad del empleo público también ha disminuido notoriamente. Hay varios testimonios de que muchos despidos han sido forzados, ya sea porque el trabajador pretende que renuncia, o porque se le empuja a ello de manera pasivo-agresiva. Algunos funcionarios dicen que su presencia ha sido sustituida por becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa que no crea empleos formales y paga menos de 4.000 pesos al mes.

La falta de personal ha hecho que los funcionarios que quedan tengan que realizar tareas que no les corresponden o para las cuales no tienen conocimiento. Los funcionarios que quedan están teniendo que hacerse cargo de temas que no dominan o peor aún, no tienen capacidad para continuar atendiendo todo lo que su puesto de trabajo les demanda. Los efectos son notorios.

Los directorios de las secretarías no han sido actualizados en meses, las solicitudes de transparencia cada vez toman más tiempo en ser respondidas, y programas completos operan en piloto automático. Los funcionarios laboran mucho más que las 40 horas que les pide su contrato.

Los trabajadores del Estado se han vuelto un títere de las obsesiones de austeridad de su jefe. Se les ha solicitado que reduzcan de manera “voluntaria” sus ingresos en cerca del 25% durante la pandemia, que renuncien a sus aguinaldos, y hasta que compren boletos para la rifa del avión presidencial.

Cuando la renta de oficinas se ha vuelto cara, los trabajadores han sido obligados a empacar y cargar sus propios escritorios en mudanzas informales. Los trabajadores también han sido motivados a reducir su consumo de agua potable, evitar cargar las baterías de sus celulares y a adoptar plantas pues ya no hay servicio de jardinería.

En general, existe un aparente desprecio para los trabajadores que no hacen trabajo de campo. López Obrador les ha pedido a los funcionarios de escritorio que compartan computadoras porque no hay dinero. La Secretaría del Trabajo simplemente retiró el equipo de cómputo porque no pudo continuar pagándolo. La incertidumbre laboral también ha permeado a niveles históricos. Queda el temor de que, de la misma manera en la que en 2019 se eliminaron cientos de plazas de director adjunto que eran parte del servicio público de carrera, en el futuro otras podrían desaparecer por decreto.

En 15 años no se había perdido tantas posiciones del servicio profesional de carrera que con López Obrador. Como ha mostrado la investigación de Fernando Nieto, profesor del Colegio de México, tan solo en los primeros seis meses de 2019 fueron separados de su cargo 5.277 servidores de carrera. Una cantidad aterradora si se considera que en el sexenio anterior en promedio se separaron solo 1.461 funcionarios por semestre. A todo lo anterior habría que agregar la falta de apoyo que ha tenido el personal esencial durante la pandemia.

De acuerdo con Amnistía Internacional, México es el país en el que más personal médico ha muerto por la covid-19.

Por su parte, la Guardia Nacional ha sido criticada por tener a varios de sus elementos viviendo en condiciones de hacinamiento y por no contar con instalaciones de alimentos bien establecidas.

La lógica que mueve a López Obrador a precarizar a sus empleados tiene tintes políticos y éticos, más no racionales. Un jefe racional sabría que no puede maltratar a su equipo si quiere obtener buenos resultados.

López Obrador no lo ve así. Por el contrario, él se beneficia políticamente de precarizar a sus empleados. Hacerlo le permite argumentar que está atacando los “privilegios” inmerecidos de la élite mexicana aún si los funcionarios están lejanos de pertenecer a dicha élite. Muchos funcionarios sí tienen sueldos muy altos. Sin embargo, aún el sueldo de un secretario de estado, que en 2018 era de 157.000 pesos al mes, representa tan solo una quinta parte del sueldo promedio del 1% más rico de México.

Atacar a sus empleados es más fácil que emprender una reforma fiscal que aumentaría los impuestos de las élites. Y es mucho más popular. Según las encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica, bajar el sueldo de la burocracia es la tercera medida más popular de los 100 primeros días de gobierno López Obrador. Esta política solo fue superada en popularidad por el combate al robo de combustible y la corrupción. La precarización también responde a motivos aparentemente éticos o morales.

Para López Obrador el servicio público es un apostolado y el nivel salarial un distractor. Frecuentemente reitera la necesidad de dejar a un lado los lujos como una nueva moral de Estado. No parece comprender la diferencia entre un trabajo y un apostolado, ni entre un funcionario público y un fiel seguidor. López Obrador se equivoca en tratar de esta manera a sus empleados y los secretarios de estado cometen un error en permitirlo.

Si el Gobierno mexicano quiere crear instituciones efectivas y duraderas que permitan reducir la desigualdad y aumentar la calidad de los servicios públicos, se debe primero invertir en sus empleados. No se vale pedirle a la iniciativa privada que trate bien a sus empleados y no poner el ejemplo.

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