JUEZ CONCEDE A PERIODISTAS DIFUNDIR IMÁGENES DE EJECUTADOS Y ACTOS DE VIOLENCIA

MÉXICO – El Juez Primero de Distrito en Colima concedió a 13 periodistas de la entidad la suspensión provisional contra el Artículo 240 bis del Código Penal del Estado, que prohíbe la difusión de imágenes de cuerpos, evidencias y lugares donde se haya cometido un acto delictivo.

Esa disposición entró en vigor el pasado 21 de junio y establece sanciones de multa y cárcel para quienes se vean implicados en alguna etapa del proceso de grabación, filtración, distribución y difusión pública de esos materiales.

El abogado Mario García Solórzano, representante legal de los quejosos, informó que el juicio de amparo fue promovido contra una veintena de autoridades policiacas y de seguridad pública de los niveles estatal, federal y municipal, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Policía Federal, Guardia Nacional y policías municipales.

El juicio de amparo, clasificado bajo el expediente 536/2020-VII, fue interpuesto por los periodistas Alejandro Rafael Pérez López, Norma Osiris Moreno González, Liliana Zoraida Castro Casillas, Rafael Zepeda Galván y Quirina Flores de los Santos, entre otros.

La suspensión fue concedida por Arturo Loya Sánchez, secretario en funciones de juez adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el estado de Colima.

El 29 de junio anterior, organizaciones de periodistas presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) en contra del mismo artículo y solicitaron la intervención del organismo para la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La queja fue interpuesta por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Fapermex), Club de Reporteros de Colima, A.C., Club Primera Plana Capítulo Colima y la Comisión General Para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (COPIP).

Entregado por el presidente de la Fapermex, Juan Ramón Negrete Jiménez, el documento señala que el gremio periodístico del estado considera que el nuevo tipo penal es “una ley mordaza que censura la labor periodística y, por la manera en que está redactado, nos está dejando en un estado de indefensión ante cualquier autoridad”.

Semanas después, la acción de inconstitucionalidad fue presentada por la CDHEC ante el máximo órgano del Poder Judicial en el país y fue admitido el 21 de agosto, situación que fue notificada al organismo humanitario y al Congreso del Estado.

El recurso quedó radicado en el expediente 191/2020 y su acumulada 220/2020, esta última promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y como ministro instructor fue designado Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El abogado Mario García Solórzano comentó que la resolución definitiva del juicio de amparo tendrá que esperar a la sentencia de la SCJN, que podría ser emitida a finales de este año o a principios del siguiente.

PRCS

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