PERIODISTA AFECTADOS ALISTAN AMPAROS CONTRA GOBIERNO DE AMLO

MÉXICO – El gobierno de México cambió, no así la situación de los periodistas afectados y desplazados por violencia en sus estados, quienes no tienen certeza del regreso a sus comunidades, viven con pocos recursos que les otorga el Estado, 76 pesos por persona al día para su alimentación, cuando el salario mínimo es de 122, y en algunos casos en viviendas compartidas.

Por ello, alistan amparos para obligar a la Secretaría de Gobernación a dotarles de lo necesario para su seguridad y bienestar.

La situación de violencia no cesa, y en esta administración suman 87 periodistas bajo el mecanismo de protección. Oficialmente hay 18 compañeros asesinados, pero el tema ha alcanzado a 24 agentes de la libertad de expresión que son desde colaboradores periodísticos, influencers, tuiteros y youtubers, según datos de la asociación civil Periodistas Desplazados y Agredidos.

Omar Bello, es oriundo de Guerrero, y es uno de los comunicadores amenazados por el narcotráfico. Lleva 3 años bajo estas medidas, y lamenta que no haya un mecanismo para ayudarlos a regresar a sus casas, “y varios que lo han hecho por su cuenta, los han matado”.

No hay seguridad ni certeza, lamenta. Tan solo están bajo el “resguardo” que le da un botón de pánico operado por una empresa de dudosa creación, CVR, pues se le liga con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

A ello, se suma la posible desaparición del Fideicomiso para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos – entre las que se considera a estos profesionales-, y la austeridad republicada que ha endurecido la aceptación de darles protección.

Omar Bello, uno de los periodistas que ha tenido que huir de Michoacán tras ser amenazado de muerte por el narcotráfico, cuenta que hay falta de transparencia en las cifras respecto a los apoyos invertidos a este gremio, además de los costos por la participación de la empresa CRV, a través de la cual les dan servicios, como el alquiler de viviendas para estos periodistas, botón de pánico, productos de limpieza e higiene personal, y que hasta antes de la pandemia.

Gildo Garza, presidente de la asociación mencionada y relator de agravios y desplazamiento en zonas silenciadas -80% del país-, indica que en documentos han constatado esa situación, que hay nexos de familiares de García Luna, detenido en Estados Unidos por vínculos con el narco, con dicha compañía que les dota servicios.

Uno de esos servicios es el alquiler de vivienda, refugio, varias de las cuales son insuficientes.

La empresa tiene los datos privados de todos los protegidos, y en la última evaluación del mecanismo, se acordó con la ONU que dicha empresa, la cual tiene muchos contratos en diversos estados, saldría al vencerse su contrato en marzo; sin embargo, sigue.

En Querétaro, narra, dieron una vivienda para dos periodistas y sus familias, amenazados por diversos carteles.

“Uno de sus agresores fue liberado bajo amparo, y el mecanismo tienen viviendo a dos víctimas en una mismo vivienda con sus familias, lo cual va contra tratados internacionales acuerdos y ley”.

Y “el mecanismo dice, ya mañana, ya pasado, ya estamos cansados y no tenemos respuestas de ni de la primera ni segunda unidad, y su extitular es un ex policía federal con lo que eso conlleva. Lo que vamos a proceder es pedir amparos, para que un juez emita las medidas cautelares y enterar a las organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó Gildo Garza.

Omar Bello señala que simplemente no hay autoridad con quien acusar a la empresa CVR, ni al mecanismo, pues ante las quejas interpuestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay respuesta alguna.

Por ello, Gildo Garza ha denunciado a la Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra.

CNTRRPLC

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