PUEBLOS DE MÉXICO ACUSAN A AMLO Y CFE DE VIOLAR LA LEY EN MEDIO DE AMPAROS

MÉXICO – El martes por la madrugada pobladores de Cuautla, Morelos, vieron cómo se trasladaba maquinaria para terminar el acueducto del Proyecto Integral Morelos. Adentro de la planta tratadora, notaron tubería. Un día antes, en el campamento en Apatlaco, Puebla, instalado contra la termoeléctrica hace cuatro años, una camioneta de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) hizo rondines y la semana pasada se escucharon balazos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala acusó que el de Andrés Manual López Obrador planea concluir este proyecto en diciembre a pesar de que la mayoría de los amparos y suspensiones siguen abiertos por la falta de consulta indígena, protección al agua de los ejidos de Ayala (1180/2019 y 162/2020), el gasoducto sobre las tierras del ejido de Amilcingo (1185/2019) y contra la descarga de contaminantes en el río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca (1823/2014) .

Ante ello, este jueves su defensa legal interpuso cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz y la directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, recurso contemplado en la Ley de Amparo. Si se demuestra que no cumplen con la suspensión, como es el caso, el Juez de Distrito les requerirá que en 24 horas rectifiquen su actuar o, de lo contrario, se dará vista al Ministerio Público sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de tres a nueve años de prisión.

“Andrés Manuel está echando muchísima mentira para echar a andar este proyecto, porque los amparos ahí están [16 activos y seis suspensiones] y algunos ya son definitivos como el que prohíbe que el agua tratada de la termoeléctrica se tire al río Cuautla o que el gasoducto no pase por tierra ejidal de Amilcingo. Estamos esperando que la CFE quite la tubería en Amilcingo y la que va hacia el río. Pero no han quitado nada. Se queda en lo que dice un juez porque hacen caso omiso”, dijo Teresa Castellanos, una habitante de Huexca e integrante del comité de resistencia, quien recordó que son una zona volcánica y la termoeléctrica –instalada a menos de 500 metros de poblaciones y escuelas– genera contaminación sonora mayor a la permitida. “Cómo es posible que siendo el Presidente no sepa, o se hace que no sabe, que hay resistencia de comunidades, a las cuales no ha volteado a ver. Defendemos nuestra forma de vivir, el agua y ambiente que todavía tenemos. Somos todavía campo”.

El Proyecto de 20 mil millones de pesos se planeó en 2010 e inició en 2012 sin informarles ni preguntarles. Consiste en la construcción de la central termoeléctrica con gas natural de la CFE en la comunidad nahua agrícola Huexca, Morelos; un gasoducto ya concluido por el consorcio español Elecnor-Enagás que atraviesa una zona volcánica y pasa cerca de comunidades en Puebla, Tlaxcala y Morelos; y un acueducto desde Cuautla con una longitud de 10 kilómetros.

En Puebla son cinco amparos los pendientes entorno a la falta de consulta indígena y una sentencia para consultar a los pobladores de la comunidad de Atlixco respecto al paso del gasoducto. El opositor y expreso político Juan Carlos Flores afirmó que el anuncio del Gobierno federal fue “un montaje”, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijeron “mentiras”, por lo que seguirán desahogando los amparos y metiendo los recursos necesarios.

“Estas mentiras nos alertan sobre una inminente represión para que se culmine el funcionamiento de la termoeléctrica desalojando el campamento de Apatlaco que lleva cuatro años de estar ahí para que no se lleven el agua”, dijo Flores, quien compartió que justo la madrugada en que se dio el anuncio oficial se escucharon balazos en las afueras del plantón. “Si el Gobierno federal pretende pasar por encima del Estado de Derecho y la decisión de los campesinos, la gente va a poner el cuerpo para que no se culmine”.

El Frente de Pueblos acusó en un comunicado que “se están utilizando las estructuras de poder para violentar los derechos de los pueblos, gritando en cadena nacional mentiras para disfrazar la ilegalidad real. La consulta [de febrero 2019] fue ilegal, discriminatoria, denigrante y bañada de sangre de  Samir Flores, pues se realizó en el marco del asesinato de nuestro compañero [aún sin resolver por la Fiscalía de Morelos].

Al activista asesinado en vísperas de la consulta (no acorde al Convenio 169), le preocupaba el paso del gasoducto por su pueblo Amilcingo. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 03/2018 acreditó la existencia de violaciones a los derechos humanos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, además del derecho a la información en agravio de las personas, comunidades y poblaciones indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala “por acciones y omisiones” atribuibles a la CFE, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

“Lo que están anunciando para nosotras y nosotros es otra ola de represión hacia los pueblos en defensa del territorio. No se han reunido con los afectados, se están reuniendo solo con las cúpulas, con los directivas corruptas que desde el inicio han apoyado el proyecto a cambio de recibir dinero y proyectos”, señaló el Frente de Pueblos con relación al acuerdo del Gobierno federal con la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), ejidatarios que no representan a todos los campesinos que se niegan a dar agua a la termo, por lo que exigieron una hora de diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia matutina. Con pruebas documentales, videos y debate.

SNMBRG

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