CRIMEN DE ESTADO EL ASESINATO DE JUEZ FEDERAL A MANOS DEL NARCO

MÉXICO – El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa fue un crimen de Estado.

“No haya duda que este es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado, aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción” aseguro Zaldívar.

El ministro presidente sentenció: “Si este caso no se resuelve será una derrota para el Estado mexicano, si este caso no se resuelve el estado de derecho quedará herido de muerte”.

Uriel Villegas Ortiz era Juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Colima, quien el pasado 16 de junio fue asesinado junto a su esposa Verónica Barajas en su hogar.

El impartidor de justicia fue descrito por la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero como alguien que “estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo”.

El juez asesinado en México por sicarios renunció hace un año a la protección

El juez Uriel Villegas Ortiz, asesinado este martes junto a su esposa, Verónica Barajas, en la ciudad de Colima con más de 20 tiros, se sentía fuera de riesgo. El juez federal, quien había llevado importantes casos penales relacionados con la delincuencia organizada y narcotráfico, había renunciado en febrero de 2019 a la protección que el Estado mexicano le brindaba a pesar de haber sido amenazado indirectamente en abril de 2018, según muestran varios documentos obtenidos por EL PAÍS. El doble homicidio ha tocado las fibras más sensibles dentro de la judicatura, donde se califica a Villegas Ortiz como un hombre íntegro y recto. Arturo Zaldívar, el presidente del Poder Judicial, ha calificado su asesinato como un crimen de Estado. El suceso ha cimbrado a las instituciones y recordado a México que los problemas eclipsados de momento por la epidemia de coronavirus siguen allí.

Uriel Villegas, originario del Estado de Chihuahua, fue nombrado juez sexto de distrito (de primera instancia) de procesos federales en el Estado de Jalisco en marzo de 2017 después de 16 años de subir peldaño a peldaño la escalera judicial. Ser juzgador en ese Estado, la cuna del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era una prueba de fuego. Villegas fue adscrito al penal de máxima seguridad de Puente Grande donde conocía asuntos de imputados que aseguraban pertenecer a los cárteles de Los Zetas, Gente Nueva, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y de Sinaloa.

El juez llevó en ese juzgado uno de los cuatro procesos relacionados con Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo del líder del CJNG. Uriel Villegas aprobó el traslado entre penales federales del hijo de uno de los capos más poderosos del país. También rechazó frenar la extradición a Estados Unidos de Ismael Zambada Imperial El Mayito Gordo, hijo de El Mayo Zambada, el histórico líder del cartel de Sinaloa.

En noviembre de 2018, el juzgado presidido por Villegas se convirtió en uno de materia de amparo, donde sintió que su exposición disminuía considerablemente. Tres meses después, el juez bajaría la guardia solicitando el retiro de las medidas de seguridad. “Estimo que en la actualidad, dada mi readscripción desde hace casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo”, señala el oficio dirigido al Consejo de la Judicatura y fechado el 1 de febrero.

Con ese documento, el juez Villegas pretendía renunciar a una camioneta Suburban blindada, una escolta compuesta por seis elementos y “una prenda de protección personal”, un chaleco antibalas. Esta decisión pidió ser reconsiderada desde la Comisión de vigilancia de la judicatura. Un documento fechado el 13 de febrero intentaba hacer cambiar de opinión al juez. “Se tiene el antecedente que en abril de 2018, el juez de mérito hizo del conocimiento que el abogado particular de El Menchito, de manera indirecta lanzó una amenaza en su contra”, indica un análisis de riesgo. Este oficio incluía también un estudio de la ruta que recorría diariamente el juez entre su casa y oficina “por una carretera que no cuenta con medidas de seguridad, situación que constituye un escenario ideal en caso de que se quisiera perpetrar algún hecho delictivo”.

El documento concluye con una opinión técnica que recomienda “la permanencia de las medidas de seguridad que le fueron asignadas”. Esto no convenció al juez Villegas, quien el 21 de febrero confirmó su decisión y declinó todo el despliegue de seguridad. Un año después, el 1 de febrero de 2020, el juez fue enviado al Estado de Colima, donde ocupó una plaza vacante después de que una jueza de primera instancia ganara un concurso de oposición. Su vida y la de su esposa se esfumaron frente a las puertas de su casa 481 días después de haber firmado un oficio que, sin saberlo, lo condenó a muerte.

El doble homicidio fue perpetrado por sicarios que, según varias informaciones, fingieron interés por una camioneta que había puesto en venta la familia Villegas Barajas. El sonido de los disparos quebró la paz de la calle León Felipe, en una elegante zona residencial de la ciudad de Colima, un Estado del Pacífico que se encuentra dentro de la zona de influencia del CJNG.

La Fiscalía general atrajo la investigación de los homicidios. La cúpula de la judicatura confía en que las pesquisas puedan aclarar un caso que apunta al narcotráfico. El trabajo de la fiscalía de Alejandro Gertz logró despejar la bruma que cubría al asesinato del también juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, ocurrido en octubre de 2016 en el Estado de México. En ese caso, las primeras versiones señalaron a la delincuencia organizada. Tres años después, las autoridades retomaron la investigación y presentaron cargos contra la esposa del togado, quien supuestamente habría ordenado el crimen para cobrar el seguro de vida.

La renuncia a la seguridad de Villegas Ortiz y su esposa, quienes dejan huérfanas a dos hijas menores de edad, abre un debate al interior del Poder Judicial. Las medidas de seguridad solo son irrenunciables, de momento, para los magistrados del Supremo y para los integrantes del Tribunal Electoral. Algunas versiones al interior de la judicatura especulan con que la renuncia pudo haber respondido a los gastos que enfrentan muchos togados, quienes deben cubrir de sus bolsillos la gasolina de las blindadas y las comidas y viáticos de sus cuerpos de seguridad. ¿Debe forzarse a los jueces a aceptar estas medidas? ¿Deben ellos cubrir el gasto de su protección? ¿Dónde está el límite entre la responsabilidad del Estado y el derecho a la privacidad? Estas son algunas preguntas que la judicatura deberá debatir ante la tragedia del juez Villegas.

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